La desilusión política como botín electoral

Las crisis políticas han deteriorado la credibilidad de las instituciones democráticas, generando un escenario en el que la ciudadanía cuestiona la legitimidad de sus autoridades y pierde confianza en la posibilidad de un futuro mejor.

Las constantes crisis políticas han erosionado la credibilidad de las instituciones del sistema democrático, conduciéndonos a un escenario donde la ciudadanía cuestiona la legitimidad de las autoridades elegidas y pone en duda la posibilidad de un futuro mejor. En los últimos años hemos escuchado el discurso de la anhelada recuperación institucional, pero también hemos sido testigos de actos y denuncias de corrupción que involucran a los principales líderes políticos del país. Esta contradicción entre el discurso y los hechos ha generado la aparición de mensajes populistas y mesiánicos que, lejos de fortalecer la institucionalidad democrática, capitalizan la desilusión ciudadana mediante la promesa de refundar el país, argumentando que nada funciona.

Si a este escenario le sumamos la falta de legitimidad social del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, con irrisorios niveles de aprobación, nos encontramos ante un caldo de cultivo propicio para que los discursos autoritarios y efectistas saquen provecho de la percepción negativa del extraño equilibrio entre la Presidencia y el Congreso. Y aunque siempre se encontrarán honrosas excepciones en la clase dirigencial, el desánimo popular se ha generalizado porque ni la derecha ni la izquierda han sabido conectar con la ciudadanía después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Por ello, la actual crisis institucional ha potenciado el fenómeno de la desafección política y sus naturales consecuencias: desconfianza en los fundamentos ideológicos que determinan la identidad de los partidos políticos, rechazo a los líderes sospechosos de haber sacado provecho de la inestabilidad política nacional, y recelo frente a los discursos institucionalistas –usualmente poco populares– que pretenden hacer docencia sobre por qué es importante mejorar las estructuras políticas y económicas antes que cambiarlas radicalmente. Y, como cereza del pastel, todo ello acompañado de una sociedad atemorizada por la inseguridad ciudadana, permanentemente indignada por las muestras de mediocridad de algunos los servidores públicos, y con un sistema de justicia politizado, según las últimas encuestas de opinión.

En este contexto, la ciudadanía desilusionada tendrá que dialogar con la más grande dispersión electoral de toda nuestra historia republicana: 43 partidos políticos que podrían presentar candidaturas a la Presidencia, al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino. La respuesta del pueblo aún es impredecible, pero sabemos que el hartazgo popular mostrará apertura a los discursos trasgresores y radicales, a las soluciones pragmáticas de corto plazo, y a rostros nuevos en política, pero con importante visibilidad mediática. A estos últimos se sumarán algunos nombres ya conocidos en las contiendas electorales.

Esto explica por qué los voceados precandidatos actúan como candidatos de facto, apareciendo en la mayor cantidad de entrevistas posibles, buscando delimitar el número de opciones políticas, y capitalizando la desilusión ciudadana como apetecible botín electoral. El problema de esta lógica es que ni la visibilidad ni la capitalización del hartazgo rescatan aquello que estamos perdiendo: el sentido de las instituciones que articulan nuestra convivencia en libertad. Por ello, la campaña que se avecina requiere de actores mediáticos que asuman una postura institucional, lo cual implica, principalmente, explicar que la Democracia tiene sus propias reglas y lógicas, bastante alejadas de los ímpetus unilaterales.